Las discrepancias en materia de vivienda entre PSOE y Unidas Podemos se evidenciaron de nuevo este martes pese a que, el pasado octubre, ambas formaciones pactaron en el seno del Gobierno un proyecto de ley que se espera que llegue al Congreso antes de fin de año. La Cámara Baja, con apoyo de los socialistas, votó este martes en contra de comenzar a tramitar una proposición de ley de vivienda promovida por ERC, EH Bildu, JxCat, Más País y otros aliados del Gobierno, un texto elaborado por colectivos como el Sindicato de Inquilinos o la PAH que incluía un mecanismo de regulación de los alquileres más ambicioso que el pactado en el seno del Ejecutivo.
Al contrario que el PSOE, Unidas Podemos votó a favor de la propuesta, aunque decidió en el último momento no firmar como coautor de la misma como gesto a los socialistas para facilitar negociar futuras enmiendas a la ley de vivienda pactada por los Ministerios de Transportes y Derechos Sociales, una vez sea aprobada por el Consejo de Ministros y se remita al Congreso. La proposición de ley recibió 57 votos a favor -los de los morados, ERC y EH Bildu, entre otros grupos- y 280 en contra, entre ellos los de PSOE, PP, Vox y Cs.
La proposición de ley rechazada este martes en el Congreso -que contaba, además de con la luz verde de los colectivos sociales, con el apoyo de CCOO y UGT- planteaba un mecanismo de limitación de precios muy similar al que defendió Unidas Podemos en las negociaciones mantenidas con el PSOE para la ley de vivienda. Entre otras cosas, la propuesta elaborada por la PAH y el Sindicato de Inquilinos hubiera forzado a las personas físicas propietarias de más de cinco viviendas a bajar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas hasta el precio que determinase el índice de precios del Ministerio de Transportes, en lugar de únicamente obligarles a congelar la renta, como plantea el pacto del Gobierno.
La norma rechazada en el Congreso, además, establecía un régimen sancionador para quienes no hubieran cumplido este régimen de contención de rentas con multas entre 3.000 y 900.000 euros, así como medidas para suspender los desahucios de familias vulnerables. La propuesta, asimismo, pretendía garantizar los suministros de gas, luz y agua (con una tarifa social financiada por las empresas) o implementar recargos de entre el 75% y el 300% en el IBI para las viviendas vacías, más duros que los pactados por el Gobierno.
Para justificar su rechazo a la proposición de ley, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, aseguró que "no tiene sentido" tramitar una norma así cuando el Gobierno va a presentar en pocas semanas el proyecto pactado por PSOE y Unidas Podemos. Gómez, además, afirmó que el texto elaborado por los movimientos sociales "choca frontalmente" con lo pactado en el seno del Ejecutivo "y también con las competencias de las comunidades" en el ámbito de la vivienda, si bien lo que se votaba este martes era la toma en consideración de la norma y no su aprobación completa, por lo que esos errores podían haber sido subsanados a través de enmiendas.
Enmendar una ley que "se queda corta"
No obstante, que la propuesta no haya comenzado a tramitarse no significa que los socios del PSOE vayan a dar por perdidas las medidas que contiene. De hecho, la intención tanto de Unidas Podemos como de ERC, EH Bildu y el resto de formaciones que apoyan al Gobierno es incluir algunas de estas medidas en la ley de vivienda del Ejecutivo cuando comience su trámite de enmiendas en el Congreso a principios del año que viene.
"Pensamos que la ley que se ha pactado en el Gobierno supone un cambio de paradigma", pero a la vez que "se puede mejorar", resumió este martes el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique. Entre esas enmiendas que Unidas Podemos tratará de pactar con el PSOE se encuentra la reducción del plazo de 18 meses en el que el mecanismo de limitación de precios del alquiler no se aplicaría una vez aprobada la ley, según el texto acordado por el Ejecutivo.
ERC, por su parte, también expresó su intención de "seguir negociando" porque, a su juicio, el proyecto de ley del Gobierno "se queda corto y no frena la especulación ni los desahucios", en palabras de su portavoz, Gabriel Rufián. Y su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, denunció que el texto "es insuficiente y tiene carencias para proteger el derecho a la vivienda", unas lagunas que podría "mejorar y complementar" la propuesta de los colectivos sociales cuya tramitación se rechazó este martes.
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